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Andalucía agiliza 27 normas e incluye cien medidas de mejora para favorecer la economía

La reforma legal incluye a prácticamente todo el Gobierno con el fin de mejorar la actividad productiva y simplificar la tramitación

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Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Una norma que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas. Afecta a ámbitos de la economía como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.

Esta reforma legal, coordinada por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, se enmarca en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica. Un documento impulsado por la Junta en esta legislatura para atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente.

Una reforma legal de calado

El primer resultado del desarrollo de este plan fue la aprobación a finales de 2019 de una batería normativa para favorecer la tramitación de los proyectos estratégicos en la comunidad. Una iniciativa que se completa ahora con este decreto ley que supone una reforma legal de calado. Afecta a normas tan relevantes como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley de Colegios Profesionales, la Ley del Turismo de Andalucía, la Ley de Comercio o la de Promoción y Defensa de la Competencia.

El Gobierno regional ha considerado prioritario la mejora de la regulación, teniendo en cuenta que Andalucía presenta desde hace años importantes debilidades en la materia, según indican algunos informes.

Indicadores y tiempos de respuesta a mejorar

En la comunidad andaluza una empresa tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación, mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos tiempo se emplea, la duración es de 101 días. Por otro lado, las pymes industriales tardan 168 días en comenzar su actividad en Andalucía, lo que supone casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León, el territorio con la tramitación más ágil en este apartado con 62 días.

Ese deficiente marco normativo ha influido en los últimos años de forma negativa , junto a otros factores, en la evolución de la economía regional y, como consecuencia, en su convergencia con Europa en términos del Producto Interior Bruto per cápita. Por tanto, la comunidad se encuentra en una posición más vulnerable para afrontar la nueva fase de desaceleración que afecta al contexto nacional y mundial, sometido, además, a amenazas como el Brexit o las políticas proteccionistas, a las que se suma ahora el impacto del coronavirus, que ha obligado a revisar a la baja las previsiones de crecimiento internacionales.

Objetivo: elevar el PIB un 2,5%

Esta coyuntura compromete a reformar las leyes que condicionan la competitividad del tejido productivo andaluz y que suponen un freno a la economía, al emprendimiento, a la inversión y a la creación de empleo. Según las estimaciones de la Junta, acercarse a la media europea en cuanto a nivel regulatorio puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años.

Este decreto ley, junto con las medidas para agilizar la tramitación de proyectos estratégicos para la economía andaluza, sientan las bases de una reforma más profunda y con vocación de permanencia en el tiempo que se irá aplicando de forma progresiva y al amparo del Plan para la Mejora de la Regulación, con el objetivo último de reorientar el modelo productivo y hacerlo más competitivo y sostenible.

Aportaciones del grupo de expertos

El documento ha tenido como punto de partida el trabajo del grupo de expertos, integrado por altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados, designados por la Junta para evaluar la normativa reguladora. Sus conclusiones y la colaboración del conjunto de departamentos del Gobierno autonómico han derivado en este texto. Paralelamente a ello, la Consejería de Economía viene trabajando en la revisión de 872 procedimientos que afectan a la actividad empresarial, estimándose que un 25% de los mismos pueda simplificarse.

Agencia Andaluza de la Competencia

El decreto ley recoge la modificación de la Ley de 2007 de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía para reforzar el papel de la Agencia de Defensa de la Competencia, que pasa a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica. Los cambios introducidos permiten ampliar sus funciones en este último campo, de forma que a partir de ahora se encargará de coordinar la planificación y la evaluación periódica de la normativa para valorar su impacto en la economía andaluza y, en consecuencia, recomendar reformas y eliminar trabas desproporcionadas a los operadores económicos.

El desempeño de estas funciones requerirá el diálogo con los agentes económicos y sociales, así como la cooperación con las distintas consejerías. La responsabilidad de estas actividades recaerá en la dirección de la nueva Agencia, que contará con la asistencia del Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica, que también añade a su denominación esta última parte.

Modificación de la normativa de comercio

En materia de comercio, este texto revisa la Ley de Comercio Interior de Andalucía de 2012 y el decreto de 2014 encargado de regular la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), con el fin de flexibilizar y adaptar la oferta a la creciente demanda generada por la industria turística de la región, que en 2019 registró la visita de más de doce millones de turistas. Con la modificación planteada, se prevé un incremento de la demanda de un 0,9%, que se traduciría en un volumen de negocio adicional de 321 millones, la generación de 937 nuevas empresas dedicadas al comercio minorista, la apertura de 1.086 nuevos locales y la creación de 3.000 empleos.

En lo que respecta a la primera normativa, se incrementan los días de apertura autorizados al año en los establecimientos comerciales con una superficie útil de exposición y venta superior a 300 metros cuadrados, pasando de los diez domingos y festivos actuales a los 16 recogidos en el decreto ley. Este aumento de seis días se realizará de forma progresiva para que los comercios puedan adaptarse al cambio de normativa, y se llevará a cabo de la siguiente manera: 12 festivos en 2020, 14 en 2021 y los 16 aprobados en 2022.

Mayor flexibilidad horaria

Con esta medida se adapta, además, la normativa regional a la estatal, que tiene establecido ese cupo de días. Los comercios con unas dimensiones inferiores a 300 metros cuadrados mantienen la autorización de apertura para cualquier domingo o festivo. Esta flexibilidad favorecerá que el tejido comercial pueda competir con las grandes plataformas de venta electrónica sin establecimiento físico.

Por otro lado, el decreto ley autoriza a los ayuntamientos a permutar dos festivos por otros que interesen más a la localidad, frente al único permitido hasta ahora.

En cuanto a las ZGAT, en las que los comercios de un municipio tienen plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público durante el periodo y la zona limitados, el decreto ley adapta también la normativa andaluza a la estatal. Se introduce como novedad, por ejemplo, el carácter indefinido de la declaración de este instrumento, eliminando así la tramitación de un nuevo procedimiento cada cuatro años.

Alojamientos turísticos

En relación al área turística, competencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, se han eliminado de la Ley del Turismo determinadas barreras normativas que dificultaban el desarrollo de la actividad económica en el sector. En concreto, la ley solo permitía la constitución en régimen de propiedad horizontal a los alojamientos turísticos con una calificación superior a tres llaves, respecto a los apartamentos, y a cuatro estrellas, en relación a los hoteles. Tras la modificación podrán acceder a este tipo de régimen cualquier alojamiento turístico siempre que lo permita el planeamiento urbanístico.

Se procede a mejorar y actualizar los criterios con respecto a los municipios de interior que quieran ser declarados Municipios Turísticos. Así, al reducir la media anual necesaria de pernoctaciones de la población de derecho del municipio, o bien durante tres meses al año, de un 10% a un 8%, la estimación de localidades del interior de Andalucía que cumplirían las condiciones se incrementaría en más de un 28%.

Asimismo, se deroga la declaración de los proyectos de campos de golf como interés turístico, eliminando así una figura que la experiencia ha demostrado ineficaz y, a la vez, lograría una mejor adecuación al principio de autonomía local consagrado en la CE.

Sector de la comunicación audiovisual

Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha llevado a cabo una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que responde a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual. Así, se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local.

También se modifican otros preceptos para agilizar diversos procedimientos como las renovaciones del servicio público de comunicación audiovisual, la interrupción y suspensión temporal del servicio o la celebración de negocios jurídicos sobre licencias.

Se elimina la exigencia de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial, se propone la modificación de la obligatoriedad de emisión de determinados informes del Consejo Audiovisual de Andalucía para agilizar la tramitación de algunos procedimientos y se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación que no dispongan del correspondiente título habilitante.

Fomento de las energías renovables

Por su parte, la Consejería de Hacienda modifica, en materia energética, el artículo 3 del Decreto Ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía, con el fin de establecer un criterio de madurez en los proyectos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no acogidas a los regímenes retributivos específicos.

Así, los proyectos deberán acreditar un acuerdo con los titulares de los terrenos necesarios para la ejecución de las infraestructuras. Esta medida contribuirá a una real y efectiva agilización administrativa de su tramitación, de manera que se les dará un impulso preferente y urgente ante cualquier administración pública andaluza a aquellos proyectos que realmente quieren invertir en Andalucía.

Cambio climático y economía circular

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible modifica ocho leyes y una disposición reglamentaria a fin de beneficiar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la participación en la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular, principalmente en el ámbito rural, con iniciativas que hagan de la gestión de residuos una oportunidad de desarrollo y empleo.

En materia agroalimentaria destacan los cambios introducidos en la norma que regula las interprofesionales con el objetivo de incorporar al sector de la distribución conjuntamente con el productor, transformador y comercializador. Esta medida supone un avance en el reto de alcanzar un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y de establecer mecanismos de crisis más eficaces ante situaciones difíciles que golpean al sector agrario, como la reclamación de precios justos que está movilizando a agricultores y ganaderos andaluces.

Además, se retocan tres artículos de la Ley de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, marisqueo y acuicultura marina para eliminar trabas burocráticas y facilitar la implantación y el desarrollo de proyectos de acuicultura en la región.

Normativa ambiental y de aguas

En lo que respecta al ámbito medioambiental y de política de aguas, las modificaciones normativas abren las puertas a un procedimiento más ágil de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), lo que conllevará un impulso al sector del aceite andaluz, al facilitar la instalación de almazaras, y una apuesta por el reciclaje, al favorecer la implantación de plantas de reutilización, de compostaje y puntos limpios. Asimismo, se dan pasos en la lucha contra el cambio climático, allanando la adhesión voluntaria para la eliminación de gases de efecto invernadero, al tiempo que se corrigen defectos de la Ley de Aguas para mejorar la capacidad de acción de la Administración y lograr una mejor gestión de los recursos hídricos.

Modificaciones en materia urbanística

El decreto de simplificación incluye cuatro modificaciones de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) planteadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En primer lugar, se sustituye la licencia de obras municipal por la Declaración Responsable para obras menores (escasa entidad constructiva y sencillez técnica) y obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado, siempre que sean conformes con la ordenación urbanística y no alteren los parámetros de ocupación y altura ni conlleven incrementos en la edificabilidad o el número de viviendas. Esto permite iniciar las obras desde el momento de la presentación de dicha declaración. La medida elimina un trámite que ahora puede durar en algunos municipios hasta 12 meses.

Además, se sustituye el trámite de licencia de ocupación por el de Declaración Responsable para edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado. Esto permite ocupar viviendas y poner en funcionamiento locales, comercios, servicios, etc. desde el momento de la presentación de dicha declaración. La medida elimina un trámite que actualmente puede llegar en algunos municipios a nueve meses.

Control de obras a posteriori

El control de las obras y actividades se realizaría a posteriori por el ayuntamiento, quedando garantizado el control administrativo de la actividad urbanística. Se gana agilidad sin perder control ni seguridad jurídica.

En cuarto lugar, se refuerza la función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística, obligando a emitir de forma coordinada los informes de todas las consejerías de la Junta tras la aprobación inicial de dichos instrumentos de planeamiento y a verificar en un único pronunciamiento el contenido de dichos informes tras la aprobación provisional. La reducción de los plazos puede ser incluso de años.

Otras reformas

Además, el decreto modifica la Ley 14/2007, de 29 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. En concreto, se suprime la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (otorgada por la Comisión Provincial de Patrimonio) de forma previa a la licencia para obras menores en edificios situados en el entorno de los bienes declarados de interés cultural (centros históricos), siempre que el edificio para el que se solicita licencia no esté incluido individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. Se elimina un trámite innecesario que supone unos seis meses de media.

Por último, el decreto ley aprobado hoy incluye también la modificación de la Ley de Prevención y Asistencia en materia de drogas, del decreto por el que se establece el proceso de la evaluación del impacto en la salud de la comunidad, de la Ley de Servicios sociales de Andalucía y de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.